Pocas veces se ha visto desde el retorno de la democracia una combinación tan grande y perversa de negocios espurios entre funcionarios de un gobierno, sindicalistas enrolados en el oficialismo, obras sociales y mafias privadas, que incluye lavado de dinero negro, aportes ilegales a una campaña presidencial -en este caso, la de Cristina Kirchner -, asesinatos cometidos por sicarios, un suicidio aparentemente inducido y, finalmente, el sufrimiento físico y moral y en algunos casos, la muerte de embarazadas y enfermos de cáncer y de sida.
Como muchos de los medicamentos para tratar esas enfermedades cuestan varios miles de pesos, el Estado los subsidia aportando el dinero a las obras sociales. éstas en vez de comprar esas drogas en las farmacias las adquieren en forma directa a ciertas droguerías que, en complicidad con la obra social, entregan medicamentos adulterados (carecen de la droga correspondiente). El negocio consiste en cobrar lo que en verdad no cuesta casi nada.
Coincidentemente, los dueños de algunas de estas droguerías, aparecen como aportantes de importantes sumas de dinero a la campaña presidencial del 2007, que segun parece no se trata de dinero propio sino de "prestar" el nombre para el "lavado de dinero". De este modo no solo se trata de una institucionalizada falta de control oficial, sino de una evidente complicidad de autoridades gubernamentales que se habrían beneficiado con dinero proveniente de la estafa realizada a costas del sufrimiento de enfermos, de su agravamiento y de su muerte.
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